La Fiscalía costarricense investiga delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricación por una unidad que, según los primeros indicios, recopiló y analizó datos "sin ningún respaldo legal". Foto: AFP
La Fiscalía de Costa Rica abrió una investigación contra el presidente, Carlos Alvarado Quesada, y ordenó un registro en la sede de la jefatura de Estado por el espionaje de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), un organismo puesto en marcha en octubre para recabar datos de los costarricenses y mejorar el proceso de toma de decisiones del Gobierno.
Además de Alvarado, figuran como investigados el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Moral, el viceministro de Planificación, Daniel Soto Casto, la jefa de Gabinete de la Presidencia, Felly Salas Hernández, el comisionado de derechos LGTBI, Luis Salazar Muñoz, y los analistas de datos Alejandro Madrigal Rivas y Diego Fernández Monero.
El presidente admitió el lunes que hubo "errores" en la puesta en marcha de la UPAD, un órgano opaco que, ante la polémica, el Gobierno se ha visto obligado a eliminar. Alvarado alegó que la UPAD solo tenía por objetivo trabajar con información de acceso público y no con registros de índole personal.
Por orden de la fiscal general, Emilia Navas Aparicio, el Ministerio Público inició este viernes a primera hora sendos registros en una decena de puntos, incluida la Presidencia.
Personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acordonó la sede de la principal institución del país centroamericano, según el diario 'La Nación'.
ALVARADO LO SABÍA
La Fiscalía costarricense investiga delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricación por una unidad que, según los primeros indicios, recopiló y analizó datos "sin ningún respaldo legal".
En contra de lo dicho por el presidente, el Ministerio Público sostiene que "se habría ordenado pedir datos personales y sensibles" y que incluso "Alvarado tenía conocimiento de esto".
De hecho, la Fiscalía apunta que Alvarado, el ministro de Presidencia y la jefa de gabinete promovieron un decreto "a pesar de que, presuntamente, conocían que infringía la ley".